Por: Paola Segovia Tamayo – DIRCOM
El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) solicitó a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, evaluar la postergación, aplicación gradual o el establecimiento de un régimen transitorio para la implementación de la Resolución N° 2 de 2026, en lo que respecta a los fondos públicos destinados a investigación científica, innovación, creación, transferencia tecnológica y formación de capital humano avanzado.
Mediante un oficio suscrito por el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Osvaldo Corrales Jorquera, el organismo expresó su pleno respaldo a los principios de probidad, transparencia, trazabilidad y correcto uso de los recursos públicos que inspiran la nueva normativa de la Contraloría General de la República.
No obstante, el Consejo advirtió que las características particulares de los proyectos de investigación financiados por el Estado, junto con los procesos de adecuación que actualmente desarrollan las universidades y organismos públicos como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), hacen necesario avanzar mediante una implementación gradual que permita cumplir eficazmente con las nuevas exigencias.
El CRUCH enfatizó que esta solicitud no busca establecer excepciones ni reducir los estándares de control fijados por la Resolución N° 2, sino generar las condiciones para que dichos estándares puedan aplicarse de manera efectiva, resguardando al mismo tiempo la continuidad de la investigación científica, la innovación y el uso eficiente de los recursos públicos.
Asimismo, el Consejo señaló que los desafíos operativos derivados de la entrada en vigencia de la normativa no recaen exclusivamente en las instituciones de educación superior, sino que también involucran a los organismos públicos responsables de la administración, financiamiento y supervisión de estos instrumentos.
En ese contexto, el CRUCH puso a disposición de la Contraloría General una propuesta orientada a facilitar una implementación transitoria de la resolución, conciliando el fortalecimiento del control de los recursos públicos con la continuidad de proyectos de investigación que resultan estratégicos para el desarrollo científico, tecnológico y social del país.
El Consejo manifestó su disposición a colaborar con la Contraloría General y con las instituciones públicas involucradas para avanzar en una implementación que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas, sin afectar el normal desarrollo de la investigación financiada por el Estado.
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